Ha sido tendencia la afirmación de Petro sobre una “ruptura institucional” para sacarlo del poder, basado en la suspensión del cargo del Ministro Leiva ordenada por la Procuraduría; las investigaciones que la misma adelanta al presidente de Ecopetrol y al Superintendente de Servicios Públicos, por presuntas irregularidades durante su campaña electoral, hecho concordante con la indagación que la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral le sigue a miembros de Fecode por presunta financiación ilegal de la misma; el proceso penal que la Fiscalía le sigue a su hijo Nicolás por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito que igual salpican el proceso electoral.

Nadie discute que, como presidente de la República, tenga el legítimo derecho de defender su proyecto de gobierno, pero, en un Estado de Derecho, todos, incluido el presidente, su gobierno y el Fiscal, estamos sometidos al imperio de la Constitución, la Ley y el Reglamento, límite que implica que solo se puede hacer lo que las normas permitan. Con más razón él que es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. Por esa clarísima razón, estan obligados a respetar y acatar las competencias constitucionales y legales que tienen la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte suprema de Justicia, así el desarrollo y resultado de las investigaciones toquen el fuero presidencial, evento en el cual, en su oportunidad, deberán pasar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, único competente para juzgar al presidente, en donde él tiene mayorías.

Lo que no puede permitírsele es el mal ejemplo que está dando al no ejecutar la suspensión provisional ordenada contra el Ministro Leiva; cuestionar las investigaciones adelantadas contra sus amigos y su hijo; ordenar movilizaciones para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija nueva Fiscal que disminuya la presión de esas investigaciones; estimular a su electorado para defender una supuesta separación del cargo, que no es posible en un sistema presidencial (caso Samper); conductas que sí constituyen ruptura institucional, por no estar permitidas en el ordenamiento jurídico.

Antes de radicalizar su discurso para polarizar el país, en procura de ocultar su deficiencia en generar los cambios propuestos en campaña (al hacer lo mismo que gobiernos anteriores), lo conveniente es acudir a la sensatez que debe tener el presidente, como símbolo de unidad nacional, como lo exigen todos los sectores de la sociedad, máxime si quiere materializar la “paz total” que impulsa.