Según el ordenamiento jurídico vigente, los alcaldes de cada municipio de Colombia deben convocar a los consejeros de la juventud para discutir con ellos los Planes de Desarrollo Territorial, que son, ni más ni menos, las hojas de ruta para los próximos cuatro años en cada entidad territorial. El primer llamado debe producirse antes del 29 de febrero y, en buena parte del país, esas convocatorias no están ocurriendo. Los jóvenes, con asiento en estos consejos, representan al 25 por ciento de la población y, en ese sentido, es importante oír sus voces para cumplir con el lleno legal exigido.

Sin embargo, más allá de las normas, oír a los jóvenes incentiva la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva y alienta la participación de un sector poblacional que, sin esos espacios, puede generar una conflictividad social que a nadie conviene.

La juventud colombiana, a través de distintas organizaciones y con ACDIVOCA, USAID y su programa de “Jóvenes Resilientes”, están lanzando el llamado a que los mandatarios los oigan y los incluyan en esta etapa de diseño de los planes de desarrollo. Es por esto que merecen nuestra atención y acompañamiento. Son ellas y ellos quienes nos están jalando la camisa para hacernos ver que un país en el que la experiencia de los viejos y la innovación e ideas frescas de quienes se están incorporando en los procesos comunitarios, resulta en una sinergia altamente positiva que anima un futuro mejor. Súmenle a eso que tender puentes e incentivar las discusiones “incruentas” desde muy temprano en la vida, consolida la civilidad con la que deben tramitarse las diferencias y gestionarse los asuntos públicos.

Cuando las sociedades tienen en cuenta el parecer de sus jóvenes, desactivan guerras potenciales, dan ejemplo de escucha activa y se plantean retos que vigorizan los cambios necesarios sin interrumpir la paz social que le da estabilidad y progreso a las naciones.

Invito desde esta columna a los alcaldes de este departamento a que oigan a los jóvenes; a que los incorporen en los temas de educación, empleabilidad, diversidad, equidad y medio ambiente, entre otros. Hay una obligación jurídica de por medio pero, sobre todo, hay un deber insoslayable con las nuevas generaciones.