La próxima semana vence el plazo para entregarle a la Asamblea Departamental el Plan de Desarrollo, el cual deberá aprobarse a más tardar el 31 de mayo. En esta conversación no solo deben participar los consejeros territoriales de planeación, la corporación autónoma regional o los diputados, sino todos los santandereanos. Por consiguiente, se requiere mayor difusión y pedagogía sobre el plan. No solo es abrir espacios para conocer las necesidades, sino también para presentar las metas, programas y proyectos a los cuales la gobernación va destinar sus esfuerzos en los próximos cuatro años.

Celebro que se haya incorporado dentro el plan proyectos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo como la vía Yuma, la transversal del Carare, Curos-Málaga, Bucaramanga-Zipaquirá́ (incluyendo las variantes de Oiba, Socorro, San Gil y Barbosa), San Gil-Charalá-Duitama, la promoción del embalse de Topocoro, el fortalecimiento de la conectividad aérea y la navegabilidad del río Magdalena. Asimismo, es muy valiosa la apuesta por sacar adelante el Anillo Externo Metropolitano, las vías Zapatoca – Galán – Barichara, San Gil – Mogotes – Onzaga, el programa Vías de las Cigarras (priorizando el tramo Bucaramanga-Rionegro) e iniciativas en materia de bilingüismo y turismo.

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que el plan debe señalar metas de resultados o de bienestar, es decir, los efectos o impactos que se quieren alcanzar gracias a la gestión del gobierno territorial. Las metas de resultados no se miden por el número de reuniones realizadas, personas contratadas por la gobernación o planes ejecutados, sino por el mejoramiento de la calidad de vida de la población. La gobernación juega un rol esencial en esta materia, lo que implica una mirada de política pública.

Desde el Programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos se sugieren como mínimo las siguientes metas para 2027 con el fin de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030: reducir la pobreza monetaria del 36% (2022) al 26%, la tasa de desempleo del 10% (2022) al 7%, la tasa de informalidad del 56% (2022) al 47%, la prevalencia de inseguridad alimentaria del 20% al 16%, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 17 (2022) a 14. Asimismo, se recomienda aumentar el puntaje promedio en las pruebas saber 11 de 244 puntos (2022) a 287, el porcentaje de estudiantes que alcanzan un nivel de inglés B1 o B+ de 9,2% a 11,8% y la cobertura de acueducto de 57% a 80%. Estos ejemplos de propuestas requieren análisis rigurosos y diseñar los programas pertinentes. Queda poco tiempo, es el momento de ampliar la conversación y unir capacidades en torno a un derrotero común: que Santander sea referente de crecimiento, progreso, inclusión y sostenibilidad.