Iniciado el 2024 y con los mandatarios locales debidamente posesionados, comienza también la planeación y ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de las promesas de campaña y la resolución de las viejas problemáticas que aún esperan la atención de las administraciones públicas.

En materia de infraestructura, tanto los alcaldes como el nuevo Gobernador de Santander, dentro de su respectiva jurisdicción, tienen el deber de planeación e inversión de recursos para la construcción y mejoramiento de las obras necesarias para avanzar en la consolidación de la región como un territorio competitivo y lograr un progreso significativo en el desarrollo social y económico, sobre todo, teniendo en cuenta que según el Índice de Competitividad Departamental 2023, en el pilar de Infraestructura, Santander se ubica en el puesto 18, bajando tres puestos con relación a la medición realizada en 2022.

Ahora bien, en el departamento existen importantes obras que han iniciado, pero que exigen el compromiso y liderazgo decidido de los mandatarios para su avance o culminación. Por ejemplo, el Acueducto Regional de Chicamocha, que beneficiaría al municipio de Los Santos, es una obra contratada por la ESANT en 2015, con un plazo inicial de 18 meses, y hasta la fecha (más de 8 años después) no se ha entregado, pese a habérsele invertido alrededor de 30 mil millones de pesos, con múltiples cuestionamientos técnicos sobre su diseño inicial.

Por otra parte, también existen obras contratadas a nivel nacional, que se desarrollan en el territorio santandereano, que también tienen graves inconvenientes en su ejecución, como es el caso del proyecto para la construcción de la Variante de San Gil, pensada para el desplazamiento del tráfico pesado, lo cual descongestionaría la zona urbana del municipio. Esta obra fue contratada en 2018 con una inversión superior a los $ 180 mil millones y tiene un avance de 68 %. En este caso, es de destacar que en el 2022 el Invías (entidad contratante) impuso al contratista, una multa superior a $3.000 millones, por incumplimiento contractual.

Así pues, los recién posesionados mandatarios tendrán el importante reto de realizar un trabajo articulado con el nivel nacional para jalonar los recursos necesarios y la ejecución de las gestiones pendientes, que permitan culminar, por fin, las obras de infraestructura fundamentales para el departamento, como por ejemplo, el corredor Duitama-Charalá- San Gil; la vía Curos Málaga; o Autovía Bucaramanga – Pamplona, entre otras, en beneficio de la conectividad y el desarrollo regional.