Se va Francisco Barbosa de la Fiscalía General y se lleva toda suerte de críticas y cuestionamientos de sus malquerientes alrededor de su gestión y desempeño personal. Igual, también recibe elogios y reconocimientos entre sus simpatizantes.

Es claro que Barbosa cometió errores, empezando por el indelicado e inoportuno viaje a la isla de San Andrés en plena pandemia, en compañía del contralor general de la época y sus esposas. Todo un abuso ante una ciudadanía que estaba encerrada y enferma. Con eso empezó mal, y también termina mal por sus reiterados enfrentamientos con el gobierno y su innegable sesgo político.

Resulta igualmente cuestionable la parcialidad ejercida desde su cargo, en algunos casos para beneficiar a sus partidarios y en otros para perseguir a los contradictores. Un ejercicio que operó en investigaciones de connotación nacional en donde lo jurídico pasó a un segundo plano, convirtiendo la entidad en una fábrica de favores para sus amigos y de acusaciones para sus enemigos. ¡Absurdo!

En el entretanto, la Fiscalía de Barbosa siguió siendo la misma Fiscalía, tan parecida operativamente a la de Néstor Humberto Martínez o a la de Eduardo Montealegre, por solo citar unos ejemplos. Una Fiscalía absolutamente congestionada, atiborrada de trabajo, con muchísimos asuntos por decidir, funcionarios colapsados y sin investigadores suficientes, filtraciones de corrupción, medios técnicos desuetos, en fin, la Fiscalía de siempre intentando resolver infructuosamente la cantidad de denuncias que diariamente llegan a sus despachos.

En realidad el problema de la justicia penal no es Barbosa, pudo ser él o cualquier otro el fiscal general. Ahí el problema sienta sus raíces en la estructura del famoso sistema penal acusatorio, una entelequia jurídica que en Colombia no ha servido para generar resultados eficientes ni menos para disminuir los altos índices de impunidad. Un sistema que fomenta la mora judicial, que es lento y retrasado, lleno de trámites innecesarios, y lo peor, interpretado a su antojo por jueces y fiscales, además de una jurisprudencia ambivalente y no siempre uniforme.

Puede que Barbosa termine creyéndose la posibilidad de ser candidato presidencial a futuro, allá él con sus aspiraciones. Pero si no se reforma el sistema de acusación penal y de paso si no se consolida la malograda reforma judicial tantas veces anunciada, la Fiscalía seguirá siendo la misma, aun con una nueva señora fiscal. ¡De seguro!