En medio de la euforia que generó la designación de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027, pocos imaginaban que esta celebración deportiva se convertiría en una dolorosa decepción para Colombia. La pérdida de la sede, anunciada por Panam Sports, revela un cúmulo de negligencias y disputas políticas que empañan la imagen del país y de sus gobernantes.

En 2018, bajo la administración de Alex Char y con el respaldo de Iván Duque, Barranquilla logró la sede del certamen. El contrato se formalizó en 2021, seguido por la creación de mesas de trabajo para determinar la entidad responsable de la organización del evento. No obstante, los compromisos económicos, especialmente el desembolso inicial de 10.5 millones de dólares, resultaron en varios incumplimientos.

El Gobierno saliente de Duque no honró las obligaciones financieras establecidas; las explicaciones proporcionadas por el expresidente y por el exdirector del Dapre, Víctor Muñoz, respecto a la demora en la suscripción del convenio y la falta de recursos, apenas alivian la responsabilidad de un Gobierno que no aseguró la continuidad del proceso.

Por su parte, Barranquilla cumplió con el aporte de US$2.5 millones; pero en el mandato entrante de Petro, la exministra Urrutia no tomó las medidas necesarias ni concedió la debida importancia al asunto, a pesar de su destacada carrera olímpica. La justificación para el incumplimiento de los restantes US$8 millones se fundamentó en la percepción de que representaba un gasto elevado, considerando la situación económica del país.

Resulta reprochable que el Gobierno no haya efectuado el pago de los US$4 millones acordados para el 30 de diciembre de 2023. Aunque la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, justificó el retraso alegando un acuerdo para el pago total en enero de 2024, esta explicación contradice la versión de Panam Sports, que indica el incumplimiento de plazos establecidos.

El hecho también ha sido interpretado como un acto de revanchismo por parte del Gobierno hacia los Char, complicando la situación al entrelazar asuntos políticos con el deporte. Cabe destacar que ésta era la segunda vez en 52 años que el país lograba la sede de esta competencia internacional, siendo la primera en Cali en 1971. Sin duda, la falta de atención y gestión oportuna contribuyeron significativamente a la pérdida de la sede, un gravísimo error en la administración estatal.

Más allá de disputas políticas, esto representa un golpe no solo para la imagen de Colombia y su actual Gobierno, sino también para las oportunidades económicas, la construcción de infraestructura y el fomento del deporte entre los jóvenes. La pregunta que queda flotando es si este episodio dejará lecciones aprendidas o simplemente se convertirá en otra página de la historia de compromisos incumplidos, rivalidades políticas y falta de confianza en el país.