Este domingo 17 de diciembre en Chile se vivió una nueva jornada electoral que viene a alimentar una cierta fiebre de votaciones que nos han llevado a las urnas todos los últimos años, por variadas situaciones. incluidos en ella, dos procesos constituyentes en algo así como dos años, diferentes en su origen, en el proceso, pero idénticos en el resultado.
Hace como dos años, el prestigioso historiador chileno Gabriel Salazar escribió un texto al que titulo “La porfía constituyente” en el que, a través de un riguroso análisis de las fuentes, demostraba todos los fracasos de Chile por elevar a la ciudadanía como el verdadero poder constituyente. Nada más actual que los conceptos vertidos por el Premio Nacional de Historia para explicar lo que hemos vivido en Chile estos últimos dos años.
La historia relatada por el profesor Salazar y la historia reciente que hemos escrito elevan a Chile, sin lugar a duda, al campeón mundial en el fracaso de procesos ciudadanos que buscaban refundar jurídicamente el país, en contextos que promovían una profunda revisión de una legalidad cuestionada que no daba el ancho y que no era capaz de hacer carne los más genuinos malestares y esperanzas de la ciudadanía al respecto.
La presidenta Michelle Bachelet, con una alta visión política, propició en su segundo mandato, un proceso ciudadano que, desde las bases, se discutiera sobre una nueva institucionalidad para el país. Se formó una amplia comisión, se generaron instancias a través de cabildos ciudadanos y se convocó, transversalmente a todos los sectores del país, a discutir sobre aspectos claves de una carta constitucional. La propuesta incluía una metodología de trabajo que llevara a que todos los que quisieran pudieran reflexionar sobre los derechos y deberes que debía consagrar la nueva carta, cuáles debían ser los principios rectores que dieran coherencia al texto e incluso las instituciones que deberían tener rango constitucional.
¿Por qué destaco esta propuesta?, fundamentalmente por que invitaba a pensar el país, pensar nuestra convivencia y alimentar el proceso desde las experiencias de hombres y mujeres diversos que pudieran sensibilizar a las autoridades y que fueran un tremendo insumo para las decisiones de políticas públicas. Como profesor de aula, la valoro porque instaló una metodología de reflexión que la he repetido con mis estudiantes de colegio y de universidad varias veces, después de haber participado en los cabildos ciudadanos de aquella época.
Creo que la propuesta de la presidenta, a pesar de que importantes sectores ciudadanos se integraron al espacio reflexivo, no encontró apoyo en la clase política profesional que, con una miopía que llega a dar vergüenza, torpedeó el proyecto, lo invisibilizó y se opuso a una propuesta que habría sido inclusiva y mucho menos traumática que los procesos que hemos vivido en estos dos últimos años.
La fuente material que permite explicar los dos procesos constituyentes fracasados es el estallido social. Una clase política que, a pesar de los discursos que hoy denostan la violencia de aquel movimiento ciudadano, hicieron en su tiempo un mea culpa, que muchos, entre los que me encuentro, pensamos que era sincero. Al final, en especial en los sectores de la derecha, fueron sólo gárgaras electorales, lejos de asumir el llamado de atención que el escenario instalaba.
Hace un par de semanas, la presidenta Bachelet confidenciaba que, en pleno estallido social, el presidente en ejercicio, Sebastián Piñera, la contactó para reflotar el proceso constituyente que ella había promovido. Bachelet, de manera clara y contundente, comenta que le respondió con un chilenismo, “…ya pasó la vieja”, para explicitar que las condiciones del estallido no eran las apropiados y que el ambiente cargado de dramatismo no iba a ser capaz de valorarlo.
El mismo Sebastián Piñera, que había torpedeado la instancia de reflexión ciudadana, buscaba en aquel proyecto una tabla de salvación para un gobierno que parecía derrumbarse irremediablemente.
El salvavidas vino del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución firmado en noviembre del 2019, con una propuesta mucho más radical, que se fundamentaba en el desprecio a la clase política instalada transversalmente en los poderes del Estado, procurando una convención cien por ciento ciudadana. Ya hemos reflexionado sobre el fracaso de dicho proceso que terminó abortado en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado.
Este domingo fracasó un tercer proceso, menos ciudadano, más bien mixto, con una clase política que aún se hacía responsable de las recriminaciones sociales y económicas del estallido social, que generó los principios fundamentales, a través de lo que llamaron los bordes constituyentes, favoreció una instancia previa a la ciudadana, con un Consejo de Expertos nombrados paritariamente por ambas cámaras y acompañados de la elección de un Consejo Constitucional Ciudadano que, por esas cosas que nadie entiende, instaló mayoritariamente a la derecha extrema que se había planteado siempre en contra de modificar la actual constitución.
La enorme mayoría lograda por los republicanos le abrió el apetitito al sector y, de paso, permearon de manera radical a una derecha que parecía más democrática, que, en el discurso al menos, había hecho carne la necesidad de instalar, desde la institucionalidad vigente, un Chile más solidario, inclusivo, respetuoso del medio ambiente y de las diversidades que se expresaban con mucha fuerza.
La realidad nos llevó por derroteros muy confusos, la propuesta constitucional representaba mucho de lo que el mismo sector había rechazado anteriormente: una carta tremendamente extensa, que instalaba más de veinte nuevas instituciones; que, pasando a llevar el borde constituyente de los derechos sociales, económicos y culturales, profundizaba en la lógica neoliberal, individualista del sistema, con el desprecio por un sistema de pensiones más solidario y constitucionalizando el desgastado y fracaso mecanismo de las AFP; insistía en las instituciones de salud privada, que atienden a 2 millones de chilenos con un presupuesto similar al del que goza todo el resto de la población; ponía en peligro los derechos reproductivos de las mujeres e incluso; elevando, al nivel institucional la objeción de conciencia, generando un espacio para que, especialmente el mundo privado, pudiera reinstalar prácticas de discriminación en los colegios, en los centros de salud, en las instituciones armadas, en los locales comerciales, en fin.
Llama la atención como el escenario se repitió con distintos protagonistas. Lo que reclamaron con insistencia los sectores que estaban por el “Apruebo” para el proceso constituyente del 2022, son tomados por los sectores de derecha que monopolizaron el proceso constituyente que fracasó este domingo, a saber: el impacto negativo de las noticias falsas, que la población no ha leído el texto, que los sectores opositores apelaron más a las emociones que al contenido. Incluso, las similitudes se instalan en las bondades del nuevo texto, ya que, para sus defensores, resolvería los problemas de gobernanza, eliminaría la corrupción, la inmigración ilegal, generaría más empleo, terminaría con la delincuencia, en fin.
La realidad nos interpela desde los más variados frentes, el primero es que vivimos en un país que vota para castigar. Desde la elección del año 2005 que un gobierno no es capaz de mantenerse por un siguiente período. Por lo mismo ha instalado, en el derrotero político del país, una lógica oportunista y descalificadora de la oposición de turno que impide cualquier posibilidad de avanzar en una democracia de los acuerdos. La ciudadanía no se nutre, en realidad se intoxica con un clima que destruye, que descalifica, que ningunea e invisibiliza, que saca lo peor de cada uno de nosotros y que nos aleja e instala en trincheras cada vez más irreconciliables.
En segundo lugar, desnuda a una clase política que se caracteriza por la miopía, que no es capaz de ver más allá del siguiente proceso electoral, que legisla o no, de acuerdo con las cuentas políticas y no del bienestar mayor de la nación. Una clase política que no está a la altura, que se comporta desde un fanatismo que erosiona las bases institucionales y que pone en peligro la democracia. Me extraña la ausencia de voces en el Chile de hoy que reparen en el peligro de esta amenaza, que, desde sus visibles roles, protejan y defiendan los mecanismos democráticos, que para el bienestar del país se puede aportar desde la oposición y desde el gobierno, que las necesidades sociales son más urgentes que los intereses electorales, que es necesario que nos encontremos y que en ello están convocados y mandatados en dar el ejemplo. Qué lejos a estado de ello nuestra clase política profesional, una vergüenza.
En tercer lugar, se termina aquí la “porfía constituyente”, la ciudadanía no está para un nuevo experimento en donde los ratones del laboratorio, la ciudadanía, ha terminado asqueada por la irresponsable actitud de las mayorías circunstanciales. Llegó la hora de que se “ponga la pelota al piso”, se reflexione con coherencia, se den muestras de amistad cívica, de elevar el debate, de trabajar a través de propuestas que se hagan cargo de las urgentes necesidades del país y que se dignifique una labor tan relevante como es el servicio público.
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